La organización WWF llevará a la UE y al fiscal la caza de lobos
“El Gobierno del Principado ha cruzado una línea roja”, sostienen los conservacionistas, ante la decisión regional de autorizar la muerte de ejemplares sin cupo en zonas no loberas, como Pravia y Soto del Barco
WWF denunciará ante la Fiscalía de Medio Ambiente y ante la Comisión Europea la decisión del Gobierno regional de autorizar la caza libre de lobos en zonas declaradas “no loberas”, una categoría que tiene un tercio del territorio regional, como Pravia y Soto del Barco. La organización conservacionista ha dirigido un escrito al presidente regional, Javier Fernández, para pedirle que rectifique y paralice la medida, “desproporcionada, claramente ilegal, que supondría un retroceso histórico en la conservación de la naturaleza en España”. Han iniciado además una recogida de firmas a través de su pagina web (www.wwf.es).
“A partir de este viernes, 15 de septiembre, el Gobierno del Principado de Asturias dará carta blanca a los cazadores para realizar batidas de lobos en un tercio de su territorio, sin cupos, periodo de veda ni control científico ni de la guardería. Hemos escrito al presidente Javier Fernández para pedirle que rectifique y paralice esta medida Si la medida sigue adelante, acudiremos a la Comisión Europea y la Fiscalía de Medio Ambiente, y denunciaremos la muerte de cualquier lobo a manos de cazadores, para impedir el exterminio oficial de una especie protegida en Asturias”, anuncian. Y consideran que el Gobierno regional “ha cruzado una línea roja en la persecución del lobo ibérico, para acallar las presiones de los sectores ganaderos más radicales y garantizar su apoyo”.
La entidad asegura que la medida se adopta pese a que “los daños declarados al Principado y a Agroseguros se han reducido hasta un 40%”. “El lobo no supone una amenaza para el futuro de la ganadería en Asturias: según los propios datos del Principado, el importe de los daños de lobo es inferior al 0,4% de la renta agraria regional, y este año los daños declarados al Principado y a Agroseguros se han reducido hasta un 40%. Además de injustificable alentar el exterminio de una especie protegida por la legislación europea y española a manos de particulares, una medida manifiestamente ilegal. Si Javier Fernández no rectifica, enviaremos una queja a la Comisión Europea e informaremos a la Fiscalía de Medio Ambiente. Vamos a denunciar las batidas de lobo que se produzcan a raíz de esta medida”. Para el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, “es lamentable que una comunidad autónoma que un día fue referencia en nuestro país en la gestión de su naturaleza, pueda adoptar ahora medidas tan retrógradas y alejadas de lo que la mayor parte de la sociedad reclama”.
