La fiscalía pide cárcel para un constructor de Soto del Barco
El acusado se quedó presuntamente con 120. 160 euros, dinero destinado a pagar al arquitecto y el aparejador que trabajaron en la construcción de 19 viviendas unifamiliares en el concejo
Redacción/Pravia
La fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de cárcel para un empresario por presunta apropiación indebida en la construcción de 19 viviendas unifamiliares en Soto del Barco. La vista oral se celebrará mañana, en la Audiencia Provincial de Oviedo.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de administrador y accionista único de una empresa constructora, contrató verbalmente a un arquitecto y un aparejador para la elaboración de los proyectos necesarios, así como la dirección de las obras, para la construcción de 19 viviendas unifamiliares en la localidad de Soto del Barco. La obra se desarrollaría en cuatro fases, todo ello para la empresa promotora Junquera Gómez SL, con quien el acusado había firmado previamente cuatro contratos: dos en el mes de noviembre del año 2006 y otros dos en el mes de enero del año 2007, señala la fiscalía.
“A consecuencia de los contratos firmados entre la promotora y el acusado, aquélla hizo entrega a éste de cuatro pagarés por un importe total de 120.160,06 euros, que debían ser destinados en su totalidad a sufragar los honorarios profesionales del arquitecto y del aparejador. Sin embargo, el acusado nunca hizo pago alguno ni al arquitecto ni al aparejador”, adeudando en consecuencia al primero la cantidad de 81.048 euros y al segundo, la cantidad de 39.112,06 euros.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida y solicita que se condene al acusado a 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 9 meses a razón de 15 euros diarios (4.050 euros), con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, abono de las costas procesales y pago de una indemnización de 81.084 euros al arquitecto y de otra de 39.112,06 euros al aparejador, más los intereses legales.
Se recuerda a los medios de comunicación el derecho a la presunción de inocencia de las personas investigadas en tanto en cuanto no recaiga sobre ellas una sentencia condenatoria firme
