El ‘caso Marea’ visto por un aldeano

Por José Manuel R. ANTOMIL

Desde la ignorancia en temas jurídicos, tengo que reconocer que la sentencia del ‘caso Marea’, lejos de dejarme indiferente me produce muchas dudas, un montón de preguntas y sobre todo indignación.
Que una sentencia se produzca después de siete años de empezar la investigación, hace dudar y mucho de que sea justa. En tanto tiempo pueden pasar muchas cosas y uno, razonablemente, puede pensar en la tentación del poder político de obstruir el trabajo del poder judicial. Uno mira la foto del banquillo de los condenados y tiene la sensación de que falta alguien. ¿Acaso los máximos responsables del gobierno astur en aquellas fechas no tendrán ninguna responsabilidad sobre el caso aunque sea solamente política? .
¿Es posible que unos cuantos funcionarios hayan urdido esa trama sin que ningún superior se enterase?
Este caso de corrupción, a mi modo de ver, ha afectado a una Consejería, la de Educación, que debe ser el pilar de cualquier pueblo.
Mientras unos pocos se enriquecían con el dinero que tendría que ser destinado a la educación, muchos niños y niñas tenían problemas de transporte y en muchos colegios del mundo rural se escatimaba en el profesorado, como es el caso en este curso en los colegios de Soto de Luiña y Belmonte de Miranda. Solamente con el 1% de lo presuntamente defraudado por estos personajes habría dinero para cubrir esos profesores y no a media jornada como es el caso de Belmonte, ¿o es que estos niños no tienen derecho a una educación eficiente?.Y es este punto el que me produce indignación, después de siete años la sentencia es recurrible con lo que pasarán muchos meses más y al final nadie estará donde debiera, y lo que es peor, el dinero no se repondrá a las arcas de donde nunca debió salir.
Con el control que nuestra Hacienda Pública, ejerce sobre la ciudadanía de a pie, uno no entiende que el dinero presuntamente defraudado no esté ya en las arcas públicas, eso debería de ser lo primero y luego ya hablaríamos de penas.
Para más inri, los condenados se sienten vejados, utilizados, y siguen diciendo que son inocentes. Concretamente uno de ellos sigue afirmando que ni recibió dinero, ni favoreció a nadie, ni sabía nada de lo que pasaba en su Consejería (simplemente por este hecho ya merece la condena).
Además de toda la sociedad asturiana hay otros dannificados de los que nadie se acuerda, y son los trabajadores y trabajadoras que a consecuencia de esa trama han perdido su trabajo y que nadie se lo va a devolver. Por eso creo humildemente que cuando la justicia es tan lenta, sobre todo en recuperar lo presuntamente defraudado, es casi imposible que pueda ser justa.
En este caso de corrupción hay mucho de sainete, pues al ciudadano corriente le cuesta entender que una condenada que todavía no ha devuelto un solo euro lleve 6 años cobrando de la Administración a pesar de haber sido cesada. Y nos cuesta creer que no haya ni un solo responsable político que haya dado la cara y nos diga, que sí, que vale, que depositó su confianza en la persona equivocada y que por ello presenta su dimisión.
Y lo peor que pasa es que los ciudadanos nos vamos acostumbrando a estos hechos y hasta los vemos normales. Y cuando un pueblo se acostumbra a que lo esquilmen sus gobernantes solo le queda un futuro: la esclavitud y la sumisión al poder establecido.