Los drones de Hacienda detectan en la comarca 1.872 casas ‘pirata’

Pravia, con 1.111 edificaciones irregulares, entre los concejos con más fraude

L. S. / Pravia

El Ministerio de Hacienda decidió en 2013 “peinar” todos los municipios españoles para buscar construcciones “pirata”: casas, piscinas, y otros edificios sin declarar. Utilizó drones para rastrear la situación sobre el terreno, y compararla con las bases de datos del Catastro. En la comarca de Bajo Nalón, una de las primeras que se sometió a esta investigación, localizó 1.872 edificaciones irregulares. Una pequeñez, si se tiene en cuenta que el año pasado Hacienda descubrió con la ayuda de drones nada menos que 1,7 millones de inmuebles sin declarar.
El proceso se inició en 2013, cuando la crisis económica había dejado “k.o.” a las arcas municipales de todo el país, y los alcaldes clamaban por una solución para la financiación local. Con sucesivos decretos, el Ministerio de Hacienda fue aprobando las llamadas “regularizaciones” catastrales, que una vez finalizadas se reflejan en el impuesto que más oxígeno aporta a los consistorios, el IBI. Las de los tres municipios de Bajo Nalón se aprobaron en la primera hornada, en 2013, y finalizaron a mediados de 2014, tras recibir las tres una prórroga porque estaban apareciendo más construcciones irregulares de las esperadas.
En Pravia fue donde más fraude encontró la macroinspección de Hacienda: un total de 1.111 edificaciones no se correspondían con las bases de datos catastrales. Según el último balance de la Agencia Tributaria, publicado en agosto, Pravia fue el sexto municipio donde más construcciones ilegales se encontraron, entre los 31 municipios asturianos que habían completado la regularización. En este balance, la palma se la llevó Siero, con más de 5.000 construcciones “pirata”, aunque todavía no se incluyen los datos de los grandes municipios de la zona central,que previsiblemente arrojarán cifras mucho más altas de edificaciones opacas.
De las construcciones regularizadas por Hacienda en el concejo praviano, 1.110 corresponden a edificaciones urbanas y sólo una tiene la categoría de rústica. Más del 60 por ciento correspondieron a nuevas construcciones que estaban sin declarar; un 37 por ciento fueron ampliaciones o rehabilitaciones, y un 2,47 por ciento, piscinas.
En Soto del Barco, afloraron con la inspección 500 construcciones, todas ellas con categoría de urbanas. En este caso, sólo el 34,93 por ciento fueron nuevas construcciones no declaradas; un 30 por ciento fueron ampliaciones o rehabilitaciones, , un 31,96 por ciento, reformas y cambios de uso, y un 2,12 por ciento, piscinas.
Muros de Nalón, el municipio más pequeño de los tres, regularizó 261 construcciones, de las que eran de nueva planta el 37,2 por ciento, según los datos de Hacienda; un 28,24 por ciento fueron ampliaciones y rehabilitaciones, y un 30,98 por ciento, reformas y cambios de uso. Un 3,5 por ciento de las construcciones irregulares eran piscinas.
Las edificaciones fueron dadas de alta en el catastro, y sus propietarios tuvieron que pagar cuatro años de atrasos del Impuesto de Bienes Inmuebles, aunque en algunos casos llevaban “veinte años o más”, según reconoce el alcalde de Soto del Barco, Jaime Menéndez Corrales. El proceso de regularización le supuso al concejo entre 150.000 y 200.000 euros de ingresos, y en la actualidad la inmensa mayoría del parque de edificaciones está dado de alta, de manera que no haya agravios comparativos entre los vecinos que pagan y los que defraudan. “Hemos puesto en marcha un sistema que funciona bien: con las obras mayores, exigimos la acreditación de que se ha dado de alta en el Catastro para dar la licencia de ocupación”, señala el alcalde de Soto, con el objetivo de que no vuelvan a crearse bolsas de fraude.
El proceso culminará en los 78 municipios asturianos en junio de 2018.