El Juzgado amplía a año y medio la investigación por la muerte de Izán

El juez prorroga la instrucción del caso, mientras se resuelve sobre la citación de nuevos testigos que iluminen las circunstancias del trágico accidente

L. S./ Pravia
El pasado 25 de julio, hace casi un año, el pequeño praviano Izán Álvarez Pérez, de cinco años, perdió la vida ahogado mientras disfrutaba del primer campamento de verano de su vida, en uno de los centros de mejor fama de la región y una de las primeras granja escuela de Asturias, el Palacio de Bouza. Su fallecimiento dejó devastados a sus padres, Miguel y Elena, que esperaban otro bebé, y en estado de shock a toda la comarca. A punto de cumplirse el aniversario de aquella fatídica tarde, el Juzgado sigue investigando las en apariencia múltiples irregularidades que rodearon el siniestro. Así, la juez ha aprobado ampliar la instrucción hasta 18 meses, ya que se han solicitado nuevas diligencias de prueba, en concreto que se recaben más testimonios.
Y es que tras los primeros momentos de consternación y dolor comenzó a surgir la sospecha de posibles irregularidades en la gestión del centro y en las circunstancias en las que se atendía aquella tarde de verano a los niños que estaban en la residencia. De hecho, la jueza citó como investigados al propietario y a la gerente del Palacio de la Bouza, que desde aquel día permanece cerrado. En septiembre, la Guardia Civil que investigó los hechos, remitió a la juez un informe demoledor: el grupo de 17 niños entre los que estaba Izán Álvarez debería haber estado al cargo de dos monitores. Sin embargo, en el centro había una monitora, y la segunda estaba en prácticas. Pese a que el vaso de la piscina tenía una profundidad en alguno de sus extremos de 1,80 metros, no contaba con socorrista, como era preceptivo. Y, para culminar, la instalación carecía de licencia de apertura, según confirmó el Ayuntamiento de Soto del Barco.
La familia del pequeño había además advertido expresamente que no querían que el niño participase en ninguna de las actividades acuáticas previstas en el campamento de verano, ya que tenía pánico al agua. Las monitoras que estaban a cargo del grupo, muy jóvenes, de 18 y 19 años, testificaron en su momento, muy afectadas, que atendían al grupo y cuando se dieron cuenta estaba ya en la piscina, y nada pudo hacerse por salvarle la vida. La familia, a través de su abogado, Óscar González, manifestó en su momento, tras acudir a un pleno en Soto del Barco, que quieren reconstruir cada minuto de aquella tarde, para llegar al fondo de lo ocurrido. La ampliación de la instrucción parece que les permitirá hacerlo.