Cinco imputados por homicidio por la muerte del pequeño Izán

El Juzgado de Pravia implica a la directora, al administrador y a tres monitoras de la granja escuela de Riberas donde se ahogó el niño en 2017, una decisión recurrida por los acusados y por la familia

F. R. / Soto del Barco
El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Pravia número 1 ha cerrado la instrucción por el fallecimiento del pequeño Izán Álvarez, dos años y medio después del fatal accidente que costó la vida del pequeño praviano, cuando pasaba la tarde en su primer campamento de verano en la granja escuela Palacio de Bouza, en Riberas (Soto del Barco). La jueza ha abierto procedimiento penal abreviado, y acusa a cinco personas de “homicidio imprudente”. Se trata de la propietaria de la granja escuela, del administrador de la empresa y de las tres monitoras que trabajaban aquel 27 de julio de 2017, cuando el niño fue hallado flotando en la piscina. La decisión no ha gustado a ninguna de las partes, ni a la familia del pequeño ni a la defensa de los acusados, por lo que todos, salvo la Fiscalía, han presentado recurso ante la Audiencia Provincial.
El abogado de los padres del pequeño, Óscar González, discrepa con la calificación de los hechos, ya que considera que el fallecimiento del niño no fue causado por una simple “imprudencia”, y califica los hechos de “homicidio doloso”, es decir, el que se comete con intención de matar o cuando alguien mantiene una actuación aún a sabiendas de que puede causar una muerte. La diferencia entre el homicidio imprudente grave, con resultado de muerte, y el homicidio doloso está en la pena prevista en el Código Penal, ya que en el primer caso la pena es de uno a cuatro años de cárcel, y en el segundo caso, se puede aplicar hasta 15 años de cárcel, que podrían ser más al tratarse la víctima de un menor de edad. La calificación definitiva tendrá que decidirla la Audiencia, lo que alargará más un procedimiento que se ha prolongado durante meses, ante la desesperación de la familia.
El niño perdió la vida en una piscina en la que la Guardia Civil detectó irregularidades, como que carecía de licencia y no tenía socorrista. La familia había avisado expresamente de que no sabía nadar y le temía al agua.