Irregularidades y descuidos: el demoledor relato de la fiscalía en el caso Izán

La secretaria del Palacio de Bouza había advertido por escrito en la inscripción del pequeño para la colonia de verano “pánico al agua. cidado en la piscina”

Redacción / Pravia

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de la directora de la granja escuela Palacio de Bouza de Riberas, en Soto del Barco, de dos monitoras y de la entidad propietaria de la instalación, como responsable civil, por la muerte del pequeño Izán, de 5 años, en el verano de 2017, ahogado en la piscina del centro. El escrito, que se hizo público ayer, es un demoledor relato de los hechos, en donde se pone el acento en las irregularidades y descuidos que acabaron en una tragedia que ha dejado, según la propia Fiscalía, secuelas permentes en la familia del niño y conmocionó a la comarca.

Aquel verano, los padres de Izán, un niño que que había nacido en 2012, acudieron a conocer las instalaciones del Palacio de La Bouza, en Riberas, y a entrevistarse con la directora del mismo con la finalidad de inscribir al menor en los cursos y colonias de verano. La inscripción sería en régimen externo. Al conocer las instalaciones, los padres del menor comprobaron que existía una piscina y advirtieron de forma clara, rotunda y concreta a la directora del
centro que el niño tenía pánico al agua. Relata el escrito de la Fiscalía que la acusada oyó a los progenitores “y los tranquilizó de forma verbal pero no adoptó ningún tipo de medida. Tal es así, que la acusada omitió cualquier tipo de diligencia, hasta la mínima y elemental, en el cuidado del menor al realizar la actividad de piscina”. Se refiere a que ni siquiera advirtió a las monitoras que se ocupaban del grupo de menores de 5 a 9 años en el que estaba incluido . Además el fiscal añade que solo adscribió a dos monitoras al grupo de menores “y ello pese que el grupo era notoriamente elevado y contaba con al menos 17 niños para realizar la actividad de piscina”. Este hecho incumplía así la normativa legal que regula las actividades juveniles de aire libre en el Principado de Asturias, precepto que estipula que es necesario un monitor de tiempo libre por cada diez participantes.

Por otro lado, según señala el escrito, las características de la piscina tampoco cumplían la normativa de seguridad en cuanto a la separación de vasos de distinta profundidad, de forma quese impidiera el acceso fácil o involuntario. “El muro no impedía de forma alguna el paso de un vaso a otro, por lo que ya en repetidas ocasiones algunos de los menores que asistían al campamento lo habían saltado”. Por otro lado, la directora nunca ordenó la señalización de la profundidad de la piscina, tanto máxima como mínima, siendo obligatoria. Otra de las irregularidades que se desvelan en el escrito de la Fiscalía es que la responsable del centro “no contrató socorrista alguno para la piscina” a pesar de la obligatoriedad al tener la piscina una profundidad máxima superior a 1,6 metros. “Socorrista de cuya falta había sido advertida en inspección realizada el 17 de julio de 2017 por la Agencia de Sanidad, exigiendo su presencia y debida titulación. A ello hay que añadir que la acusada no había solicitado licencia de apertura de piscina al Ayuntamiento de Soto, lo que imposibilitaba que se realizaran las actividades de aire libre”.

Pánico al agua

El 13 de julio de 2017 Izán fue inscrito en la colonia de verano “volviendo la madre del menor a poner especial hincapié en la circunstancia concreta de que el niño padecía de un trauma con el agua. Tal es así que, en la ficha de inscripción, la secretaria del centro escribió, en el apartado de recomendaciones: “Pánico al agua, cuidado en piscina”. “La inscripción se realizó para los días martes, jueves y viernes hasta el 15 de agosto. El mismo día 13 de julio, el menor inició el curso y la madre del niño volvió a advertir del trauma con el agua que tenía el menor, esta vez a una de las monitoras que tenía a su cuidado al grupo de menores, de 5 a 9 años, en el que estaba Izán.

Desde el día 13 de julio al día de los hechos, 25 de julio de 2017, el menor acudió al centro 4 días, siendo el 25 de julio el quinto día de asistencia. “Durante ese periodo, las acusadas fueron conocedoras del trauma que el menor padecía con el agua, ya que este se negaba incluso a ponerse el bañador y, una vez en la piscina, sus incursiones al agua se limitaban a entrar y salir de forma casi inmediata. Al quinto día de asistencia al centro del menor, el 25 de julio de 2017, sobre las 15:20 horas, las acusadas, una vez estaban en el recinto de la piscina con su grupo de menores, se sentaron en unas hamacas en el punto más alejado del vaso infantil, sin extremar cautela alguna sobre el menor pese a que el número de niños que había en la piscina era muy elevado, 17 niños, y conocían que el número de menores que corresponde a cada monitor titular es de 10 niños”. Todo esto ocurría, añade el escrito “pese a que conocían el pánico del menor con el agua, no solo por referencia expresa y contundente de la madre del menor, sino por haber presenciado la reticencia del niño a bañarse. Pese a que conocían que se podía acceder fácilmente del vaso infantil al vaso recreativo, tal y como habían hecho en otras ocasiones otros menores, ya que el pequeño muro que los separa no impide el acceso. Pese a que algunos de los menores jugaban alrededor de la piscina, y lo hacían corriendo y con una pelota. En concreto, los de fuera jugaban a la pelota con los de dentro”.

“Y allí permanecieron sentadas durante 10 minutos” -prosigue el relato-, “sin tomar precaución alguna, hasta que una de las menores que jugaba a bucear en la piscina de vaso grande, en la parte con más profundidad, observó que el niño se encontraba en el fondo de la misma, de rodillas pegado al suelo, por lo que lo subió a la superficie, hasta el bordillo de la piscina, pidiendo ayuda, alertando así a las monitoras acusadas. Una de ellas lo sacó al exterior y, seguidamente, las dos procedieron a realizarle técnicas de reanimación sin resultado alguno, hasta la llegada de personal sanitario.

 

Según la Fiscalía los padres del menor fallecido “sufrieron una reacción mixta de ansiedad y depresión, con secuelas” y pide a las tres acusadas 3 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión,
cargo u oficio durante 4 años. Además solicita una indemnización a los padres del menor con 250.000 euros (125. 000 euros a cada uno) por daños morales, más 10.800 euros a cada uno de ellos por las lesiones y 6.000 a cada uno por las secuelas, más los intereses legales correspondientes.