Publicado el: 06 Nov 2018

Las parroquias rurales cobrarán desde 2019 tasas a las eléctricas

Los entes locales están aprobando estos días ordenanzas fiscales para regular el uso por las compañías de luz, gas y agua de bienes de uso público lo que supondrá un “importantísimo ingreso”

Redacción / Pravia

Las Parroquias Rurales, como entidades locales que son y siguiendo la estela marcada por muchos ayuntamientos asturianos, están aprobando estos días provisionalmente ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de uso o dominio público titularidad de cada parroquia que grava las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. En total han presentado para su aprobación esta ordenanza las 38 parroquias rurales asturianas. Según explica José Manuel García, secretario general de FAPAR, estas tasas supondrán un ingresoimportantísimo” para las parroquias rurales. Esta es la primera vez que se va a llevar a cabo, lo que supondrá un antes y un después en la estructura financiera de estos entes menores, que siempre han tenido problemas de financiación.

Su publicación en el BOPA marca el inicio del plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones por los interesados que, una vez resueltas deberán ser aprobadas definitivamente. Según la Federación de Parroquias FAPAR su entrada en vigor está prevista, con carácter general, para el próximo uno de enero de de 2019. Para entonces, añaden, se prevé celebrar un convenio de colaboración con el Ente Tributario del Principado al que se encomendará la gestión de la tasa.

La Federación Asturiana de Parroquias Rurales, que tiene una fuerte representación en la comarca, ya que sólo Pravia cuenta con diez de estas entidades locales, puso hace meses en marcha un plan para lograr cobrar a las empresas por la ocupación del dominio público. FAPAR se puso como objetivo que este año todas las juntas parroquiales aprueben las ordenanzas que permitan cobrar estas tasas por ocupación de sus bienes de dominio público a las empresas eléctricas, de telefonía y de gas, por líneas de media y alta tensión y gaseoductos.

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